La gobernadora Rocío Nahle García puso sobre la mesa una propuesta que podría cambiar las reglas para presidentes municipales y síndicos en Veracruz: eliminar la necesidad de que el Congreso del Estado autorice previamente que puedan ser procesados penalmente.
La iniciativa fue presentada ante la LXVII Legislatura durante la Tercera Sesión del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Labores y turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su análisis.
La propuesta contempla reformar el primer párrafo del Artículo 78 de la Constitución Política del Estado para eliminar la declaración de procedencia del Congreso local en el caso de quienes ocupen las Presidencias Municipales o Concejos Municipales, así como las Sindicaturas, cuando exista una probable comisión de delitos durante el ejercicio de su encargo.
De aprobarse la reforma, estas autoridades ya no necesitarían una determinación previa de los diputados para que las instituciones competentes puedan proceder penalmente en su contra.
El documento aclara que eliminar esta protección procesal no significaría que una denuncia provoque automáticamente la separación del cargo. También señala que se mantendrían vigentes la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el debido proceso.
La iniciativa argumenta que el fuero constitucional surgió para proteger determinadas funciones públicas frente a posibles interferencias o persecuciones, pero plantea revisar si actualmente resulta necesario mantener ese requisito para los cargos municipales señalados.
Por ahora, la propuesta apenas se encuentra en análisis dentro del Congreso de Veracruz, por lo que el fuero de alcaldes y síndicos no ha sido eliminado.